La corrupción más pequeña rompe el principio de igualdad de oportunidades que sustenta el concepto de ciudadanía

La tremenda extensión de la práctica de la corrupción que estamos padeciendo es uno de los indicadores más claros de debilidad e inmadurez democrática. Que la cosa pública se convierta en asunto de unos pocos es normal en las dictaduras donde la colusión, el chanchulleo, entre poder económico y político es casi natural y apenas tiene obstáculos. Pero las democracias se caracterizan, o habrían de hacerlo, precisamente por la separación, e incluso la incompatibilidad, entre el ejercicio de de la política, entendida como el gobierno del conjunto de la sociedad, y los intereses económicos particulares.

La corrupción más pequeña, de entrada rompe el principio de igualdad de oportunidades que sustenta el concepto de ciudadanía. Aunque tambien hay variaciones del fenómeno, como el clientelismo o determinadas perversiones urbanísticas, que implican su extensión a una parte significativa de la población. De esta forma se generan complices -en realidad se compran- y con ello acallan críticas y se deteriora radicalmente el cuerpo de valores democráticos de las sociedades afectadas.

Como estamos comprobando hoy día, la corrupción, o más bien la voluntad de asegurarse la impunidad, genera que tanto los corruptores como los corruptos se lancen a la obstaculización de la justicia, el ninguneo de las instituciones parlamentarias, el silenciamiento o la manipulación de los medios de comunicación, etc. Es decir, a práticas oligárquicas de restricción y vulneración de la democrácia.

Además, la corrupción implica también un trasvase de dinero desde los fondos públicos a los bolsillos privados. O sea, una disminución de parte de las finazas destinadas a los servicios o gastos públicos. Sólo la fabulosa escobilla de Jaume Matas significa unos cuantos libros menos para bibliotecas públicas. No hablemos de los palacetes, chalets, coches de lujo, cuentas en paraísos fiscales, etc., que han significado con toda seguridad una importante reducción del gasto público. Y no hace falta ser adivino para saber que esa restricción habrá afectado especialmente a la atención de los sectores más debiles de la sociedad.

Por todo ello, la prática de la corrupción se corresponde a valores y actitudes antidemocráticas, propias de la derechas y derechonas; aunque a muchas de ellas, todo se ha de decir, han sido asumidas por la izquierda política y social cuando se ha acomodado en espacios y posiciones que no son las suyas.

En nuestro celtibérico caso, el mapa de administraciones afectadas por prácticas corruptas es ya demasiado amplio. No es algo fortuito o limitado sino más bien un fenómeno arraigado y persistente con diferente causas. Unas tienen carácter internacional, como la esclerosis de unos partidos que recurren a fáciles e ilegales métodos de financiación, o como la muy neoliberal costumbre de aceptar, e incluso alabar, el enriquecimiento no productivo y el desprecio por lo público. Pero a estas explicaciones generales hay que añadir otras más castizas como la artificialidad de la burbuja inmobiliaria, la catadura moral de una parte de nuestro empresariado representada por poceros y diazferranes, la situación del poder local -disperso y aquejado de insuficiencia económica-, la falta de transparencia política y económica, o la escasa eficacia de los controles sociales sobre la acción política, entre otras.

Por otra parte la, por ahora, insuficiente reacción social de rechazo nos señala una preocupante persistencia de la herencia del llamado franquismo sociológico. o sea, del apoliticismo conformista y conservador, lo que nos advierte de un claro deficit de pedagocía democrática.

En fin, que sería un error limitarnos a considerar el fenómeno desde la exclusiva manifestación del caso Gürtel. Es cierto que éste tanto por su continuidad, extensión, intensidad, interferencia sobre actuaciones políticas, como por la grosería y la bajeza moral de sus multiples protagonistas, adquiere proporciones más escandalosas. Pero como ya hemos dicho, no es ni de lejos el único caso y, sobre todo, no habría podido desarrollarse tanto sin unas condiciones propicias que son más preocupantes y significativas que la misma trama. Condiciones sobre las que es necesario actuar si se quiere prevenir, es decir, actuar con eficacia.

Es evidente que la corrupción debe ser contestada con movilización y presión suficientes para que no sea rentable y se consolide el consenso social que obligue, dentro de una perspectiva de revitalización democrática, a la adopción de medidas que conviertan en realidad la transparencia tanto de la gestión política como de la económica y doten de eficacia a los mecanismos de control de las mismas.

Editorial Tribuna CCOO mayo 2010.

Las secciones sindicales del Ayto. Lucena de CCOO y USO acuerdan llevar al Contencioso la R.P.T del 2010, asi como recurrir los Decretos mensuales de Productividad dictados por la alcaldía.